Las arenas silíceas en el banquillo judicial
Un fallo reciente del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos puso el foco en un tema ambiental clave para la provincia: la extracción de las arenas que se usan para el fracking en Vaca Muerta. Presión económica, intereses políticos y una comunidad organizada para proteger el territorio.
Por Valeria Enderle, abogada de la Fundación CAUCE.
A pesar de haber sido la primera provincia en prohibir el fracking, Entre Ríos hace un aporte clave para que el fracking se expanda en la Argentina. Su territorio provee toneladas de arenas silíceas que son inyectadas junto a millones de litros de agua y químicos a alta presión, miles de metros bajo tierra, con el fin de obtener shale oil o shale gas en la lejana Patagonia.
La actividad minera se desarrolla en la provincia como una actividad primaria (ocupa el tercer puesto en esta categoría). La extracción de arenas silíceas estuvo asociada, generalmente, a la industria del vidrio y algunas químicas, pero a partir de 2016/2017 está fuertemente ligada a la actividad hidrocarburífera que se despliega en el yacimiento de Vaca Muerta, principalmente en Neuquén.
La técnica utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales implica una fractura en la roca, con millones de litros de agua y químicos para romperla y la inyección de arenas para mantener las fracturas abiertas y que el hidrocarburo drene hacia la superficie. Así se realiza el fracking.
Previo al boom de Vaca Muerta, el año récord fue 2012, con 521.268 toneladas de arenas extraídas. En 2019, los números muestran un salto enorme: 3.739.668 toneladas.
La extracción de arenas silíceas se ha desarrollado en Entre Ríos con un deficiente control por parte del Gobierno entrerriano en su momento más álgido y con cierto involucramiento de parte de algunas áreas como Minería y Ambiente a partir de pedidos de acceso a la información pública ambiental por parte de la sociedad civil y por obligación judicial. Como resultado, jueces y juezas han impuesto determinadas acciones a los funcionarios de turno.
Además, la ciudadanía –de manera anónima pero comprometida– ha tomado conocimiento de que la extracción de arenas se comienza a realizar de facto, sin las debidas habilitaciones. En varias ocasiones hemos detectado que algunas empresas, con sólo encontrarse inscriptas en el Registro Único de Actividades Mineras de Entre Ríos, de manera provisoria, empiezan sus tareas. Ante la evidente falta de control de parte de las autoridades competentes, esta acción se perpetúa en el tiempo, sin el debido estudio de impacto ambiental y, consecuentemente, sin el certificado de aptitud ambiental con el que debieran contar para estar habilitadas.
Como fue dicho, la Provincia de Entre Ríos fue pionera en prohibir el fracking, con expresa mención a los artículos 22, 83 y 85 de la Constitución Provincial. Este rol de avanzada se debe, en gran medida, a la acción colectiva de diferentes organizaciones socioambientales y vecinos de diversas localidades que construyeron, mediante protestas, acciones legales y judiciales, un andamiaje institucional que restringe la técnica en todo el territorio.
La contracara es que se ha convertido en la principal provincia productora de arenas para el fracking. Los números que aporta la Secretaría de Minería son alarmantes. En 2004 se extrajeron 350.717 toneladas de arenas silíceas y las cifras de 2011 informan 399.481 toneladas. Previo al boom de Vaca Muerta, el año récord fue 2012, con 521.268 toneladas extraídas. Luego, en 2019, los números muestran un salto enorme: 3.739.668 toneladas. Es decir, la extracción de arenas silíceas se multiplicó por siete en menos de una década.
Tampoco hay certezas de que sean las cantidades reales que se están extrayendo, ya que los controles e inspecciones en los territorios son escasos, “teniendo en cuenta los recursos económicos como humanos disponibles”, conforme nos respondió el secretario de Minería en julio de 2021.
La extracción de arenas silíceas estuvo asociada a la industria del vidrio y algunas químicas, pero a partir de 2016/2017 está fuertemente ligada a la actividad que se despliega en Vaca Muerta.
La mayoría de las canteras están próximas a cursos de agua o en áreas naturales protegidas como humedales. Principalmente se encuentran en Departamento Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Concepción del Uruguay y Concordia. El transporte se realiza por tierra o por agua (de manera combinada) en el largo trayecto hasta Vaca Muerta. Las empresas que explotan las arenas tienen relación directa con las empresas que realizan el fracking o, en ocasiones, son las mismas. Algunos ejemplos: YPF, Cattorini Hnos. SAIFEI, Cristamine, La Chola, QSAND, San Marcos Trading, NRG Argentina, MEPIL S.A. y ARESIL S.A., entre otras.
El extractivismo en su máximo esplendor, sin estudios de impactos ambientales serios y completos, ni un estudio de impacto acumulativo por zonas o ecosistemas que permita planificar y regular mejor la actividad, genera un serio impacto ambiental y en la salud humana a mediano, corto y largo plazo. Pone en riesgo la calidad del agua y del aire, la vida, el desarrollo y la reproducción de la biodiversidad asociada a los ecosistemas de monte nativo y humedales, la exposición a padecer enfermedades como cáncer de pulmón y silicosis, alergias y otras afecciones pulmonares; además de estrés y ansiedad por la circulación de camiones en caminos y rutas que no están preparados, más la alteración del paisaje, por mencionar algunos de los graves impactos que este tipo de actividad genera en los territorios y a las comunidades, quienes, generalmente no son consultadas ni abordados sus reclamos.
Desde 2018, el equipo de la Fundación CAUCE viene trabajando en el monitoreo de esta actividad extractiva en la provincia poniendo en práctica los instrumentos de política y gestión ambiental establecidos en nuestra Constitución y en la Ley General del ambiente.
Las decisiones judiciales referidas a este tema han tenido estricta relación con el uso, la calidad y cantidad de agua que utilizan las empresas, con el deficiente e incompleto acceso a la información pública que se ha tenido con respecto a la actividad o proyectos específicos; con problemas referidos a la evaluación de impacto ambiental; principalmente, la participación ciudadana, la fundamentación de los certificados de aptitud ambiental y el inicio de producción antes de encontrarse habilitadas las empresas.
Las decisiones del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en esta temática han, generalmente, acompañado el reclamo de la sociedad civil y aplicado los principios de transparencia en el acceso a la información, el principio de prevención y precaución, el in dubio pro acqua (un criterio judicial que prioriza el cuidado del agua) y la real participación de la ciudadanía en las decisiones que se adoptan sobre sus territorios.
La presencia de jueces activos, comprometidos con su labor y que entienden la necesidad de protección de los bienes naturales es una buena noticia.
Son decisiones que marcan un antes y un después en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, pues ha comenzado a imponer obligaciones a funcionarios en plazos determinados y a sancionar con prohibiciones y restricciones el accionar administrativo.
El 1 de marzo de 2023 el STJ confirmó una vez más, en el marco de una apelacion de una medida cautelar dentro de la ejecución de la sentencia de amparo iniciado por Fundación CAUCE y el gremio docente AGMER, que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos está imposibilitado de habilitar nuevas canteras y plantas de procesamiento de arenas silíceas en la zona de extracción que corresponde al area natural protegida de humedales hasta tanto se finalice el estudio de impacto ambiental acumulativo (ordenado por sentencia firme de agosto de 2022 y aún no terminado).
En un contexto de cuestionamiento social hacia el Poder Judicial, la presencia de jueces activos, comprometidos con su labor y que entienden la necesidad de protección de los bienes naturales es una buena noticia. Y marca, también, un camino de esperanza para el futuro.